La catástrofe que viven cerca de 400 mil manizaleños por la destrucción de su acueducto no es causada por los aguaceros. Es causada por decisiones de política.
Los reiterados derrumbes que destruyen este acueducto fueron anunciados desde los años cincuenta del siglo pasado por el profesor Enrique Pérez Arbeláez. Llamó la atención sobre el peligro del inadecuado manejo de la cuenca abastecedora del acueducto de Manizales. Advertía desde esa época que “la posesión y destinación de las hoyas de captación deben estar sometidas a un régimen especial” ya que “resulta para el Acueducto menos costoso adquirir la totalidad de un área aún al costo actual, que aguardar a reparar los daños”.
Evitar estas catástrofes es entonces técnicamente posible, pero se requieren recursos. El legislador lo reconoce y establece mecanismos para financiar el manejo del riesgo. Desde 1974 obliga a los concesionarios, incluidos los acueductos, a pagar una tasa por el uso del agua con este fin. Y la ley 99 de 1993 obliga a municipios y departamentos a destinar el 1 por ciento de sus ingresos totales a comprar y administrar tierras en las cuencas de sus acueductos.
Sin embargo, estas dos obligaciones han sido olímpicamente anuladas por el ejecutivo. A partir del 2003, el gobierno nacional bajó las tarifas de las tasas por uso del agua a un valor cercano a cero, eliminando la responsabilidad de los grandes usuarios de financiar el manejo de las cuencas. Y los entes territoriales evaden sistemáticamente sus obligaciones: la Contraloría reporta que de 447 municipios que reportaron información, sólo 16 (menos del 4%) asignaron entre 1994 y 2008 los montos legalmente establecidos; mientras que dos terceras partes de ellos invirtieron en las cuencas menos de una cuarta parte de los recursos que manda la ley .
Estas dos fuentes podrían aportar alrededor de 750 mil millones de pesos anuales, para prevenir los riesgos en épocas invernales.
El nuevo ministro de Ambiente, los futuros alcaldes y gobernadores, así como las corporaciones autónomas y las contralorías, tienen en sus manos evitar nuevas catástrofes. Y para hacerlo, deben revisar de manera responsable y crítica la política del manejo de cuencas que se está aplicando en el país.
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